Dicha oficina funcionará como un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera encargado de promover la ética y la transparencia en la gestión de lo público, velando por la aplicación de la Ley N° 4895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Además, deberá prevenir e investigar las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
De esta manera, el organismo podrá recibir denuncias que hicieran particulares, funcionarios y empleados públicos; investigar preliminarmente, de oficio o por denuncia, los hechos que pudieren configurar presunto enriquecimiento ilícito ó irregularidades en el manejo de los fondos reservados por los funcionarios públicos; recomendar la suspensión preventiva de los agentes denunciados, cuando su permanencia en el cargo o en las funciones pudiera resultar contraproducente a los fines de la investigación; entre otras cuestiones.
A su vez, la medida dispone que la oficina este cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción designado por la Legislatura de la Ciudad, a propuesta de la primera minoría opositora. Podrá ejercer el cargo por cinco años, con la posibilidad de ser electo por una única vez.
La Oficina Anticorrupción está compuesta por: la Subsecretaría de Investigaciones -cuya función principal es llevar adelante las investigaciones de posibles irregularidades o hechos ilícito y colaborar en la recuperación de activos de la corrupción- y la Subsecretaría de Planificación de Políticas de Transparencia -responsable de identificar, analizar e investigar las causas que dan lugar a hechos de corrupción-.
En los fundamentos de la medida, Roberto manifestó que “la corrupción es un problema estructural, convive en la humanidad desde hace siglos y desde el Estado hay que combatirla en todos sus frentes; afecta y distorsiona transversalmente a la cuestión pública, como también a otras actividades” y aseguró que “es preocupante la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al devaluar a las instituciones y los valores democráticos, la ética y el trabajo por la justicia”.
“Es imperioso generar instituciones públicas que velen por el mejor cuidado de la administración, que contribuyan a cumplir con las reglas establecidas para la organización y el funcionamiento del Estado y a resguardar la ética pública. Que sostengan a la honestidad como valor elemental, el cumplimiento del estado de derecho, y la rendición de cuentas con transparencia”, concluyó.