Todos los años, con cierta frecuencia, se reiteran sistemáticamente los reclamos que realiza el sector judicial solicitando mejoras laborales, la incorporación de más empleados o la aplicación de las nuevas tecnologías adaptables a la burocrática administración de la justicia.
Uno de los solicitantes definió la situación con una frase que no es nueva pero es rigurosamente exacta, ya que pone en el tapete uno de los causales de los grandes problemas sociales que enfrentamos los argentinos: “Una justicia lenta no es justicia”.
Cuando hablamos de educación siempre se pone el acento en lo importante que resulta poner los límites en el momento justo y en forma proporcional a la “falta”, ya que de otra manera la reprimenda pierde gran parte de su eficacia y deja de ser un acto aleccionador. Que puede decir entonces alguien que es agredido, robado o privado de un ser querido y debe recurrir a los medios, organizar marchas, presentar firmas y esperar años para que el hecho tenga sentencia firme y definitiva. Por qué se agrega a su dolor esa incertimbre, y la sensación de indiferencia de aquellos que debieran contenerlo y darle el mínimo consuelo del resarcimiento moral que significa la sentencia. Y que de aquellos que ven pasar a su lado al agresor, que cuenta con libertad hasta tanto se inicie el juicio.
Situaciones así no determinan culpas individuales sino inoperancia. El poder judicial es el encargado de mantener el orden, de contener y resarcir a las víctimas y de penar a los culpables. Es además el ejemplo rector para una sociedad que necesita instituciones sanas y eficaces que determinen fehacientemente cuales son las normas que nos rigen y nos permiten funcionar en forma colectiva. Cualquier otra cosa, solo es confusión y anarquía.
Si los que debemos protegernos somos los ciudadanos y son los delincuentes los que nos obligan a cambiar nuestras costumbres, algo anda muy mal en esta sociedad.
“La justicia está colapsada”…”Los tribunales están desbordados”…Son algunas de las frases que se repiten desde hace tiempo. Es hora entonces que se empiecen a arbitrar medidas. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuánto hace que las cárceles y los reformatorios han dejado de cumplir su función específica para convertirse en bastiones de la promiscuidad y el hacinamiento?
La falta de resolución de los problemas puntuales permiten que estos crezcan y se enquisten en el seno de la comunidad. A medida que pasa el tiempo, las medidas a tomar son más complejas.
La inversión intelectual y económica que se haga en la búsqueda de soluciones concretas redituará en beneficio de todos.
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