Según una nota publicada en el diario La Nación, de 3191 denuncias que recibió en 2013 el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires sobre personas que exigían retribución para el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal, apenas una tuvo el requerimiento de elevación a juicio. El 95% de las denuncias a cuidacoches se desestimó. Los datos fueron aportados por Eduardo Riggi (fiscal de la Unidad Fiscal Norte), durante la llamada “primera jornada de debate sobre la problemática de los cuidacoches”, que se realizó ayer en la Legislatura porteña
La impulsaron los diputados Helio Rebot y Francisco Quintana (PRO), presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, “para sumar voces al debate y pensar, entre todos, la mejor solución para la gente”. Vecinos, especialistas, periodistas y legisladores formaron parte del encuentro, de cara al futuro tratamiento de una ley, para la que actualmente hay cuatro proyectos: tres de la oposición, que apuntan a una reglamentación de la actividad; y el del macrismo, que busca su prohibición total con penas más duras a los cuidacoches y limpiavidrios respecto a las fijadas actualmente en el código contravencional.
La situación no es similar en todo el distrito. Riggi destacó que 7 de cada 10 denuncias corresponden a Palermo, Belgrano, Núñez y Colegiales, y suceden los fines de semana en cercanías a estadios, eventos masivos o espectáculos musicales. Eduardo Fachal, director de Área de Control Comunal en la Defensoría del Pueblo, adelantó que el organismo presentará un proyecto de ley para que se reglamente por zonas y que se centre en los eventos, donde los propios organizadores deban delimitar las zonas de adyacencias e identificar a los cuidacoches. Según dijo, en 14 años apenas recibieron 7 denuncias por amenazas de “trapitos”.
El 99% de los casos en fiscalías los denuncia la propia Policía, la mayoría de las veces, con errores. “Suele haber falta de pruebas, no se los puede identificar o faltan testigos”, explicó Riggi. Un 40% de los imputados identificados registró más de una denuncia en el año. Un 20% estuvo asociado a dos o tres casos, y otro 20% a cuatro casos o más.
En la segunda parte de la jornada, que fue moderada por Rodo Herrera (CN23), debatieron Luis Novaresio (Canal América) y Emilio Ruchansky (TV Pública). El primero cargó contra los proyectos de Gabriela Cerruti, Claudia Neira y Alejandro Bodart, que con distintos matices proponen un registro, licencia de dos años, sugiriendo tarifas y cupos femeninos y trans: “Ofrecen cristalizar la exclusión.” El segundo criticó la prohibición que persigue el PRO, que “alimentará más a la mafia, permitirá la discrecionalidad de fiscales y policía, y criminalizará a los vulnerables”. Y agregó: “Quieren prohibir a las personas, no a la acción.”
El texto de Cristian Ritondo (PRO), que establece penas de 1 a 5 días de arresto o multa de 200 a 2000 pesos, no es nuevo. Su bloque impulsa la prohibición desde hace cuatro años, y cuando la oposición consensuó en 2012 una ley que reglamentaba la actividad, Mauricio Macri la vetó. Consultado por este diario, Quintana sostuvo que “la solución no puede ser blanquear a quienes ejercen la actividad como modo de subsistencia, sino darles una alternativa de progreso”, pero admitió que el proyecto no aclara cómo ni qué pasará con los chicos en vulnerabilidad social que hoy son cuidacoches. «
71,7% de los hechos corresponde a las comunas 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales) y 14 (Palermo), y suceden los fines de semana en las cercanías de estadios.